Autoridades de Guatemala piden a quienes participen de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que tengan «buenos modales» tras intento fallido de prohibir el evento

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala – La Corte Suprema emitió el pasado viernes una resolución que exhorta a la «buena conducta» y a las autoridades a proteger los valores morales durante la marcha anual del orgullo LGBTIQ+ de este año, luego de que un abogado solicitara la prohibición del evento e impedir la asistencia de menores.

Guatemala, un país mayoritariamente católico, es uno de los países de Latinoamérica que no reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si bien la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que la marcha podía realizarse, también emitió una orden instando a lxs participantes a protestar pacíficamente y exigiendo la «protección de los valores sociales espirituales y morales, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes».

Roberto Antonio Cano, el abogado que intentó prohibir la marcha, argumentó que ésta «contiene actos inmorales, sexuales y depravados, contrarios al desarrollo moral e integral de la infancia».

Los organizadores de la marcha afirmaron que la resolución de la Corte estigmatiza y discrimina la diversidad sexual. «La marcha está lista y no cederemos ante los intentos de intimidación», declaró el comité organizador para Reuters.com «Esta es una manifestación pacífica, cívica y comunitaria donde personas diversas se unen para celebrar nuestra identidad».

En 2022, el Congreso de Guatemala intentó aprobar una ley que penalizaba las uniones entre personas del mismo sexo y que aumentaba las penas de cárcel para las mujeres que buscaban abortar, pero fue archivada.

El actual presidente, Bernardo Arévalo, declaró durante su campaña electoral el año pasado que, si bien no planeaba promover el matrimonio igualitario, trabajaría para prevenir la discriminación contra las personas por su orientación sexual.

Más tarde, el viernes, el gobierno emitió un comunicado en el que afirmaba que salvaguardaría los derechos internacionales y constitucionales, incluido el derecho a la manifestación pacífica. «Invitamos a todas las instituciones públicas a no restringir, limitar ni menoscabar estos derechos», expresó.

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