“La afirmación de que el levantamiento de un ejército y una armada es la mayor seguridad para la paz tiene tanta lógica como afirmar que el más pacífico ciudadano es aquel que está fuertemente armado. La experiencia cotidiana demuestra plenamente que el individuo armado está invariablemente ansioso por probar su fuerza.”
-Emma Goldman- “La Palabra como arma”
Un crimen de persecución política podría ser entendido tanto por las acciones específicas como por la omisión de éstas. Esto quiere decir que la responsabilidad del delito recae en quién comete el crimen y en quién tiene el poder de permitirle la impunidad. La característica principal de lxs persecutorxs es la intensión premeditada de dañar física o mentalmente a una persona por medio de, por ejemplo, la tortura, los crímenes sexuales, la desaparición forzada, los asesinatos, la restricción de las libertades individuales, las detenciones ilegales, las deportaciones.
No cabe duda que la persecución política en Abya Yala se remonta al momento en que comienzan a configurarse los primeros impulsos de “independencia” para los territorios, y que la materialización de este mecanismo de represión se ha ejercido desde entonces por medio de la militarización de las sociedades. Podríamos decir que no ha existido gobierno en Chile que no haya perseguido a sus detractorxs y críticxs, o a cualquiera que represente una amenaza a los modelos político-económicos y morales impuestos. Donde hubo resistencia, hubo represión.
Según un artículo publicado el 2019 por el Centro por la Paz CEPAZ, la persecución política como crimen es internacionalmente reconocida por primera vez en el Estatuto de Roma (art. 7.1h y 7.2), que especifica, “la implementación de acciones y políticas racistas o discriminatorias emprendidas por el Estado”. Además, la persecución política se relaciona estrechamente con las “violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”.
En el Chile post Estallido, y bajo un gobierno “democrático” que mantiene el poder con un rechazo del 74.5%, la persecución política está dirigida a los grupos, colectividades y personas independientes que se organizan en pos de rebatir sobre los asuntos públicos. En Chile pre y post Estallido, se persigue por medio de las fuerzas armadas y de orden a quienes reclaman temas de salud, educación, medio ambiente, cultura, vivienda, derecho de pueblos y de las disidencias etc. Todos estos, derechos públicos y políticos.
Algunos evidentes ejemplos de violencia y crímenes de persecución política son la militarización del Wallmapu y el conjunto de asesinatos y vejaciones al pueblo mapuche en resistencia que siguen impunes; la denuncia interpuesta por Carabineros de Chile contra el Colectivo las Tesis por atentar contra la autoridad mediante una performance subida a redes sociales; la querella al dirigente Dauno Tótoro por decir #FueraPiñera; la invocación del gobierno a la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 34 personas, entre ellas dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES por incitar la promoción de interrupción de un servicio de utilidad pública.
La prisión es política
En los medios tradicionales no se habla de las personas que están detenidas desde el estallido social. Aquí una breve recopilación de casos que se han visibilizado por medios de comunicación independiente y/o en redes sociales.
De acuerdo al abogado y defensor de DDHH, Francisco Bustos, la discusión sobre la existencia de prisionerxs políticxs y en qué casos, después del 18 de octubre de 2019 en nuestro país, no es fácil, pero no se debe descartar de plano. De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura de 2004 (Informe Valech), “la aplicación de normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de hechos, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política”, indentificando como ejemplo paradigmático el juzgamiento vía Ley de Seguridad Interior del Estado. Asimismo nombra la columna de Claudio Nash donde se demuestra el abuso de la prisión preventiva como vulneración de los Derechos Humanos. Lo principal es que siguen deteniendo a personas que se manifiestan y que incluso se ha demostrado la creación de montajes para mantenerles en prisión preventiva. Estas son algunas de las historias de personas que actualmente se encuentran privadas de libertad en el contexto del estallido social.
Después de estar un año en prisión preventiva, Daniel Morales y su sobrino menor de edad fueron absueltos de las causas que les imputó el Ministerio del Interior que los inculpaba de la quema del metro estación Pedrero. Según el tribunal, las pruebas presentadas eran inconsistentes y se descartó cualquier tipo de condena para los familiares. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ordenó un nuevo juicio en contra de los familiares. El periodo que estuvieron privados de libertad los marcó para siempre, según Morales, aún sigue en shock y afirma que a su sobrino le destrozaron la vida. Lo más grave de toda esta situación es la manipulación de las pruebas presentadas por parte del Ministerio del Interior con el fin de encontrar un culpable, donde la presunción de inocencia de los acusados fue ignorada. La prueba que manejaban era un video donde evidentemente faltaban partes, mientras que las conversaciones de Whatsapp donde supuestamente se pusieron de acuerdo para quemar el metro, hacían referencia a la organización de un partido de fútbol.
En julio del año pasado, el ministerio público acusó, injustamente, a Axel Pizarro de quemar un tren. La única prueba de fiscalía es la de un testigo que lo sitúa en el lugar. Según el testimonio del joven, él sólo asistió a la marcha convocada para ese día y niega cualquier acusación. Su madre, Karen Tello, cuenta que él es una persona tranquila y buen estudiante, “es inocente y exijo justicia”, afirmó en una manifestación de noviembre pasado.
La situación en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago se volvió más complicada con la llegada de las medidas sanitarias de COVID-19, que en la práctica significan la prohibición de todas las visitas, dejando a muchas personas en un aislamiento inhumano. Esto hizo que varios prisioneros rechacen la comida y las salidas al patio en señal de protesta. En la cárcel de La Serena también hubo más de 200 presos en huelga de hambre y en la comuna de San Miguel, Monica Caballero, junto a dos presas también hacen esa protesta en la cárcel de mujeres, exigiendo visitas dignas. La Coordinadora 18 Octubre por la libertad de lxs presxs políticxs, llama a la solidaridad activa con las distintas movilizaciones desde la prisión, a seguir agitando y recuperando espacio.
En noviembre del año pasado falleció Keisu Vigoroux en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquin. Ella padecía de un cáncer terminal y fue detenida en las manifestaciones. A causa del deterioro de su salud, se comenzó a gestionar un indulto para que estuviese con sus hijos y familia, sin embargo fue demasiado tarde. Son muchas las familias que están destrozadas con la situación de injusticia que viven sus seres queridos. Como el caso de Mauricio Cheuque, obrero mapuche torturado y víctima de un montaje por parte de carabineros. Él iba caminando cerca de una manifestación por la muerte de Camilo Catrillanca, cuando lo atropellan, escupen y detienen, luego le introdujeron una bomba molotov a su mochila, con lo que lo culpan actualmente. Lleva más de un año en prisión preventiva en Santiago Uno. Mientras tanto su hija de 10 años se pregunta “¿dónde puedo llamar al presidente para que saque a mi papá de la cárcel?”.
La mayoría de las personas que fueron detenidas en las manifestaciones sociales se encuentran en prisión preventiva y arriesgan entre 3 a 5 años de cárcel. Como el caso de César Moreno Donoso, conocido como Maxi, un activista social, medioambiental y artista callejero de la comuna de El Monte. Estas son las medidas que toma la justicia chilena, así como también liberan a 61 ex agentes de la Operación Colombo, demostrando un nulo compromiso con los Derechos Humanos y con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura cívico militar. A comienzos de diciembre, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, justo a las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste y los senadores Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro presentaron un proyecto de indulto general para personas presas del estallido social. El presidente Sebastián Piñera afirmó que “en caso de que el proyecto avance, se utilizará la facultad de veto para impedir su aprobación”.
Módulo 87
@amigxssinbarrotes es un grupo de personas e individualidades afines que entrega encomienda al módulo 87 de Santiago 1, que es el módulo marika y trans del recinto. En esta sección penitenciaria hay personas presas a propósito de la revuelta, pero también desde mucho antes. La organización es un espacio de acción y colaboración que trabaja con la temática anticarcelaria en general.
Nos contactamos con la organización y esto fue lo que nos dijeron:
¿Cómo se logra un módulo específico para disidencias?
¿Cuales son las condiciones actuales de las personas que están del módulo?
¿Cómo viven ustedes el proceso de la entrega de encomiendas en el módulo?
Entendiendo que la cárcel es a veces el resultado de la persecución política ¿qué conclusión sacan de los tratos militarizados tanto a las personas que protestan como a las disidencias y la impunidad a los crímenes de lesa humanidad?
Entonces en términos concretos, ¿cómo podemos ayudar?
¿Hay algo más que quieran transmitir?
Acopio
Amigxs sin barrotes realizó un acopio en apoyo a encarcelades TRANS+LBG. Son aportes desde $500 hasta $2000 (moneda chilena), en el siguiente link: https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=tetmc9r
Desde la Coordinadora 18 de Octubre por la liberación de lxs prisionerxs políticxs, están realizando permanentemente un acopio para lxs prisionerxs y sus familias. Toda la información en el siguiente link: https://coordinadora18deoctubre.wordpress.com/acopio/